UPyD acude a la Delegación del Gobierno para evaluar la legalidad de algunas inversiones en Majadahonda

Para su portavoz, Carmina Madrigal, “es injustificable que una de las inversiones sea una rotonda junto al Mercadillo que va a costar 240.000 euros”, e insiste en que “una rotonda puede ser necesaria pero cuando supone un coste exagerado como en este caso, para nosotros es un capricho”. Además afirma que “el Ayuntamiento se va a gastar casi lo mismo en una rotonda que en arreglar los colegios, algo que si nos parece de un interés social evidente”.

El Grupo Municipal de UPyD en Majadahonda ha acudido esta mañana a la Delegación del Gobierno de Madrid, junto con los portavoces de esta misma formación en Las Rozas y Velilla de San Antonio, para evaluar algunas actuaciones presuntamente irregulares que se han cometido en estos municipios.

En el caso de Majadahonda, este partido denuncia que en el pasado mes de enero el Equipo de Gobierno decidió modificar los créditos presupuestarios de este año alegando un presunto interés social en algunas inversiones y que en UPyD no comparten. De esta forma, presentaron alegaciones porque “no se puede modificar los créditos sin que los técnicos, y no el concejal correspondiente, hubieran justificado ese interés social”.

Para su portavoz, Carmina Madrigal, “es injustificable que una de las inversiones sea una rotonda junto al Mercadillo que va a costar 240.000 euros”, e insiste en que “una rotonda puede ser necesaria pero cuando supone un coste exagerado como en este caso, para nosotros es un capricho”. Además afirma que “el Ayuntamiento se va a gastar casi lo mismo en una rotonda que en arreglar los colegios, algo que si nos parece de un interés social evidente”.

Ahora la formación magenta da un paso más acudiendo a la Delegación del Gobierno para que “todos estos gastos injustificados” se controlen y se proceda a la adopción de cuantas medidas sean oportunas a fin de evaluar la legalidad de los actos, requerir la anulación de aquellos contrarios a la legislación estatal, y si procede impugnar y exigir responsabilidades.