Política
Tras la denuncia presentada por el Grupo Municipal de IU. El Tribunal de Cuentas confirma la correcta actuación del Ayuntamiento en las cuentas de 2004
21 de Septiembre de 2007. 14:13
- Nota de Prensa de Ayto Majadahonda
El tribunal no halla irregularidades en la gestión económica del consistorio y niega daños en los caudales municipales.
Tras la denuncia presentada el mes de marzo de 2006 por el Grupo Municipal de IU por las presuntas irregularidades del Gobierno local del PP en la gestión económica municipal durante el ejercicio 2004, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha concluido que no existe responsabilidad contable ni daño económico en los caudales municipales, confirmando así la correcta actuación del consistorio en las cuentas de este periodo.
El tribunal no halla irregularidades en la gestión económica del consistorio y niega daños en los caudales municipales
Tras la denuncia presentada el mes de marzo de 2006 por el Grupo Municipal de IU por las presuntas irregularidades del Gobierno local del PP en la gestión económica municipal durante el ejercicio 2004, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha concluido que no existe responsabilidad contable ni daño económico en los caudales municipales, confirmando así la correcta actuación del consistorio en las cuentas de este periodo.
El escrito reprueba, de este modo, las palabras de Loles Dolz, portavoz municipal de IU, asegurando que el PP despilfarró el dinero de los majariegos de modo
irresponsable e irregular, creando una situación deficitaria con gravísimas consecuencias para el Ayuntamiento y que el Gobierno del PP vulneró cuando menos los principios de legalidad, eficiencia y economía.
En marzo de 2006, IU presentó una denuncia poniendo de manifiesto que el escandaloso desajuste entre lo presupuestado y el cierre del ejercicio de ese año se debía a la previsión por parte del Gobierno del PP de unos ingresos deliberadamente inflados, junto a unos gastos totalmente descontrolados, obviando de esta manera el requisito legal de asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos.
En su escrito de denuncia, IU llamaba la atención sobre las previsiones de ingresos relativas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y a la tasa por prestación de servicios urbanísticos, así como a los créditos destinados a los gastos de recogida de basura y limpieza viaria, mantenimiento de infraestructuras y abono transporte gratuito, entre otros. A este respecto, el consistorio alegó que, en primer caso, el cálculo de las previsiones sufrió variaciones directamente relacionadas con la coyuntura económica y que, en cualquier caso, se vieron compensadas por la ejecución de otros ingresos corrientes. En el segundo, el Ayuntamiento contestó en sus alegaciones que los créditos respondían a las previsiones que realizan los respectivos centros gestores de gasto.
Al hilo del estudio de toda la documentación aportada por ambas partes, el Tribunal ha resuelto que no se desprenden elementos suficientes para apreciar la existencia de un presunto ilícito de alcance ni daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a determinados caudales municipales, lo que impide apreciar la existencia de un presunto ilícito contable por alcance.
Un hecho que evidencia, por tanto, la correcta gestión de los caudales públicos por parte del Ayuntamiento.
Junto a ello, otro de los elementos que se recogen en el escrito del tribunal es que en la denuncia de IU en ningún momento se procede a concretar y cuantificar
los daños que se consideran han sufrido los caudales y efectos públicos de la corporación sino a obtener una fiscalización de las cuentas municipales y que ésta no es la instancia adecuada para hacerlo. A esta Instrucción Delegada no le está legalmente atribuido el ejercicio de la función fiscalizadora, debiéndose, en consecuencia, rechazar cualquier pretensión de la parte denunciante en tal sentido, recuerda el tribunal.
Tras la denuncia presentada el mes de marzo de 2006 por el Grupo Municipal de IU por las presuntas irregularidades del Gobierno local del PP en la gestión económica municipal durante el ejercicio 2004, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha concluido que no existe responsabilidad contable ni daño económico en los caudales municipales, confirmando así la correcta actuación del consistorio en las cuentas de este periodo.
El escrito reprueba, de este modo, las palabras de Loles Dolz, portavoz municipal de IU, asegurando que el PP despilfarró el dinero de los majariegos de modo
irresponsable e irregular, creando una situación deficitaria con gravísimas consecuencias para el Ayuntamiento y que el Gobierno del PP vulneró cuando menos los principios de legalidad, eficiencia y economía.
En marzo de 2006, IU presentó una denuncia poniendo de manifiesto que el escandaloso desajuste entre lo presupuestado y el cierre del ejercicio de ese año se debía a la previsión por parte del Gobierno del PP de unos ingresos deliberadamente inflados, junto a unos gastos totalmente descontrolados, obviando de esta manera el requisito legal de asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos.
En su escrito de denuncia, IU llamaba la atención sobre las previsiones de ingresos relativas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y a la tasa por prestación de servicios urbanísticos, así como a los créditos destinados a los gastos de recogida de basura y limpieza viaria, mantenimiento de infraestructuras y abono transporte gratuito, entre otros. A este respecto, el consistorio alegó que, en primer caso, el cálculo de las previsiones sufrió variaciones directamente relacionadas con la coyuntura económica y que, en cualquier caso, se vieron compensadas por la ejecución de otros ingresos corrientes. En el segundo, el Ayuntamiento contestó en sus alegaciones que los créditos respondían a las previsiones que realizan los respectivos centros gestores de gasto.
Al hilo del estudio de toda la documentación aportada por ambas partes, el Tribunal ha resuelto que no se desprenden elementos suficientes para apreciar la existencia de un presunto ilícito de alcance ni daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a determinados caudales municipales, lo que impide apreciar la existencia de un presunto ilícito contable por alcance.
Un hecho que evidencia, por tanto, la correcta gestión de los caudales públicos por parte del Ayuntamiento.
Junto a ello, otro de los elementos que se recogen en el escrito del tribunal es que en la denuncia de IU en ningún momento se procede a concretar y cuantificar
los daños que se consideran han sufrido los caudales y efectos públicos de la corporación sino a obtener una fiscalización de las cuentas municipales y que ésta no es la instancia adecuada para hacerlo. A esta Instrucción Delegada no le está legalmente atribuido el ejercicio de la función fiscalizadora, debiéndose, en consecuencia, rechazar cualquier pretensión de la parte denunciante en tal sentido, recuerda el tribunal.
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