El equipo de gobierno de Majadahonda rechaza la moción conjunta presentada por los Grupos de la Oposición

En el pasado pleno del 27 de febrero, los cuatro grupos de la oposición presentaron una moción en la que se requería al Secretario General que emitiese un informe sobre la legalidad de los traslados de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Majadahonda llevados a cabo últimamente. Después de un arduo debate, la proposición fue rechazada por el Equipo de Gobierno.

En el pasado pleno del 27 de febrero, los cuatro grupos de la oposición presentaron una moción en la que se requería al Secretario General que emitiese un informe sobre la legalidad de los traslados de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Majadahonda llevados a cabo últimamente. Después de un arduo debate, la proposición fue rechazada por el Equipo de Gobierno.

Los partidos explicaron cómo en las últimas semanas se habían venido produciendo varios traslados de personal del Ayuntamiento. La justificación de estas decisiones, según se explicaron, se encuentra en la intención del Equipo de Gobierno de dotar a estos empleados municipales de una mayor flexibilidad para el desarrollo de diferentes responsabilidades. “Este argumento choca, a nuestro entender, frontalmente con la política de personal seguida hasta el momento y materializada en importantes inversiones en dinero y tiempo que durante un largo periodo se han venido realizando para favorecer la formación y la especialización de los funcionarios y personal laboral de este consistorio”, explicaban durante el pleno. “En muchos casos concretos se han financiado cursos de formación, referidos a materias específicas del puesto en el que desarrollaban su actividad, hasta el momento de ser trasladados. Parece al menos bastante contradictorio que se hayan sufragado estos gastos, con la idea de fomentar la mayor especialización y luego se traslade a estas personas a un puesto de trabajo con funciones completamente distintas. En cualquier caso, no cabe sino calificar de errática esta política de personal y lo que es peor, incide en una mala gestión de los fondos públicos”, aseveraban.

Una de las mayores responsabilidades del Equipo de Gobierno es garantizar que se preste a los vecinos un servicio de calidad y, para ello, la especialización y formación de los trabajadores es un requisito indispensable. Continuaban diciendo que “en este sentido estimamos que la política de traslados generalizados pone en peligro la calidad del servicio prestado a los ciudadanos. En algunos casos concretos, como lo sucedido en el Servicio de Urbanismo, un área de lo mas sensible en las relaciones con los vecinos, los traslados se han realizado sin contar con la opinión, o incluso en contra de la misma, de los responsables del departamento, lo que hace difícil encontrar una motivación de tales traslados y podría abonar la tesis de que nos encontramos no ante decisiones discrecionales, pero racionales, sino ante ejemplos de arbitrariedad contraria a derecho”.

Es por ello que provocan “serias dudas sobre si este tipo de decisiones se ajustan a la legalidad, puesto que carecen de la motivación necesaria que se exige para llevar a cabo estos traslados y tal arbitrariedad pudiera incidir en supuestos prohibidos por la normativa funcionarial y laboral y afectar, por un lado al buen funcionamiento de los servicios y por otro violentar los derechos de los trabajadores”.