Cárcel para el empresario que acumuló en Majadahonda más de 8.000 neumáticos en montañas

Montañas de hasta tres metros formadas por más de 8.000 neumáticos usados es lo que N.P.M. llegó a acumular en una parcela ubicada en un polígono de Majadahonda sin tener autorización municipal, ni una evaluación de impacto ambiental y sin haber adoptado medidas de prevención de riesgos en un espacio en donde, además, crecían pastos y arbustos.

Por estos hechos, el autor fue condenado en 2020 a tres años y ocho meses de prisión por un delito contra el medio ambiente, condena contra la que interpuso un recurso que ahora ha sido desestimado por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid que ratifica la sentencia que entonces impuso el Juzgado de Instrucción 5 de Majadahonda. El acusado deberá cumplir la pena además de hacerse cargo de las costas judiciales no teniendo más opciones de apelar la decisión del tribunal.

Casi 8.000 neumáticos acumulados en 8 años

El número de neumáticos que el empresario acumuló en su parcela, dónde permitia que terceras personas los depositaran a cambio de dinero, fue creciendo de manera alarmante pasando de los 50 de febrero del 2000 hasta casi los 8.000 del año 2008. Fue entonces cuando la Consejería de Medio Ambiente le interpuso la primera multa de 15.000 euros por 'abandono de residuos no peligrosos sin autorización' instándole a que fueran retirados en el plazo de un mes, obligaciones que no cumplió y continuó durante 6 años más acumulando neumáticos.

Por este incumplimiento, en el 2015 se le impuso una infracción grave y se le añadió otra multa de 12.000 euros y la obligación, de nuevo, de retirarlos en 30 días. Su respuesta fue la misma: no hacer caso y seguir acumulando neumáticos en montones que, en julio del 2016,  llegaron a alcanzar alturas de hasta 3 metros sin ninguna medida de seguridad que según recoge la sentencia "habrían generado daños en la calidad del aire, poniendo en peligro grave la salud de las personas al desprenderse sustancias cancerígenas en el aire".

Es por ello que la propia Comunidad de Madrid procede a retirarlos en septiembre de 2017 y abrió una causa penal en el citado juzgado de la localidad que, además de la pena de cárcel, le impuso una multa de 18 meses con cuota diaria de 6 euros e inhabilitación durante 2 años para dedicarse a labores de eliminación de residuos. El empresario recurrió la sentencia al TSJM que no le dio la razón, por lo que lo elevó al Tribunal Supremo que ha zanjado el procedimiento ratificando la pena de prisión.